La responsabilidad penal de la empresa: la nueva preocupación de los empresarios.

Desde la reforma del Código Penal que tuvo lugar en 2010 – Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio (entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010) las empresas pueden responder por sus actuaciones también ante los Tribunales Penales. Responsabilidad penal que ha terminado de regularse con la última reforma del Código Penal operada en el año 2015 – Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (entrada en vigor el 1 de julio de 2015).

Desde estas dos reformas, parte de los delitos que hasta la misma solo podían cometer las personas (estafas, levantamientos de bienes, falsificaciones, contra el medio ambiente, informáticos, contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales, fiscales y contra la seguridad social, entre otros) ahora también pueden ser cometidos por las empresas. Actualmente son más de veinte los delitos que el Código Penal prevé puedan cometer también las empresas y varias ya las sentencias condenatorias para empresas.

Son más de veinte los delitos que el Código Penal prevé que pueden cometer las empresas.

La novedad de la reforma.

Es decir, que hasta el año 2010 cuando se condenaba a alguien por las actuaciones que hubiera hecho en el contexto de una empresa, esta – la empresa – solo respondía económicamente los perjuicios causados si el condenado no tenía suficientes recursos para hacerlo.

La novedad de la reforma es precisamente que ahora la empresa, como entidad, puede responder en primer lugar junto con la persona que ha cometido el hecho delictivo – ambos, como responsables penales, con lo que ello supone: la consideración de la empresa como investigada (imputada) en un procedimiento penal y la posible imposición de una condena penal específica para la misma.

Posible imposición de una condena penal específica para cada empresa.

La condena penal.

Para que se pueda condenar penalmente a la empresa es necesario, según prevé el vigente artículo 31 bis del Código Penal, el siguiente:

a) Que el hecho se haya cometido por una persona que pueda representar legalmente la empresa o que tenga atribuidas facultades para tomar decisiones, organizar y / o controlar la empresa.

b) O bien, que el hecho se haya cometido por alguna persona que esté bajo las órdenes de los anteriores, siempre y cuando hubieran fallado las medidas de supervisión y control del primeros sobre los segundos.

En uno u otro caso, será necesario siempre que el hecho concreto se haya producido en el desarrollo de la actividad de la empresa, y por cuenta y beneficio, directo o indirecto, de la misma.

Es necesario que el hecho se haya producido en el desarrollo de la actividad empresarial.

Las penas impuestas.

Las penas que el Código Penal prevé puedan imponer a las empresas son, según el artículo 33.7 del Código Penal las siguientes:

  • Multa.
  • Disolución de la empresa.
  • Suspensión de la actividad de la empresa hasta un máximo de cinco años.
  • Cierre de los locales y Establecimientos de la empresa hasta un máximo de cinco años.
  • Prohibición temporal o definitiva de realizar aquellas actividades en el desarrollo de las que se ha cometido, favorecido o encubierto el delito.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar en el sector público y disfrutar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social para plazo máximo de quince años.
  • Intervención judicial de la empresa por el tiempo que se estime necesario hasta un máximo de cinco años, en protección de los derechos de los trabajadores y de aquellos a quienes la empresa debe dinero (acreedores).

Hay que tener en cuenta que la suspensión, el cierre y la intervención judicial podrían acordarse al inicio del procedimiento (durante la fase de investigación) como medida cautelar, si los primeros indicios de la comisión del delito son suficientemente sólidos y si juez instructor advierte que el tiempo de espera para la tramitación de la causa genera riesgos que hay que evitar.

Finalmente, el Código Penal prevé la posibilidad de liberar la responsabilidad penal en la empresa si ésta, antes de la comisión del delito, había tomado y ejecutado una serie de medidas eficaces de organización y gestión con el fin de evitar hechos como los cometidos o para reducir de manera muy significativa el riesgo de su comisión. Estas medidas, sin embargo, deben cumplir todos los requisitos previstos en el artículo 31 bis 2 del Código Penal.